POSICIONAMIENTO DEL BARZÓN ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

EL RECIENTE CIERRE DE OPERACIONES DE LA SUBDELEGACIÓN XALAPA DE LA PROFECO

HECHOS

En una forma que ya se está volviendo costumbre ayer miércoles 10 de julio del año 2019, amanecimos con la noticia del cierre parcial de operaciones de una parte de la estructura estatal de la profeco, me refiero a la subdelegación Xalapa.

Las primeras respuestas de la ciudadanía de asombro, descontento e incertidumbre por la falta de información de parte de los funcionarios, que guardaban total hermetismo, por temor a represalias de las autoridades federales, quienes simplemente les daban instrucciones de trasladarse a la ciudad y puerto de Veracruz para la respectiva recepción y trámite de sus quejas.

ANTECEDENTES DE ESTA SITUACIÓN

A fines del mes de mayo, los medios de comunicación dieron testimonio de los actos de protesta del personal de la subdelegación de Xalapa, por el inminente cierre de esa oficina por políticas de austeridad.

Abordando incluso al Presidente de la República en la ciudad de Coatepec, durante su visita a quien entregaron un pliego petitorio en donde le expresaban sus justos desacuerdos tanto laborales como de derechos humanos. Sin que a la fecha, conste que hayan recibido una respuesta razonable.

ASPECTOS JURÍDICOS

En primer lugar existe violación al artículo 1º Constitucional que a la letra dice:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(Adicionado mediante decreto publicado el 10 de junio de 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Además se infringe el artículo 28 de la Constitución párrafo 3º:

 “La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

(Reformado mediante decreto publicado el 20 de diciembre de 2013)”

Por otra parte se carece de un proceso formal por parte del poder legislativo para analizar, evaluar y discutir sobre estas políticas públicas, y de la debida publicidad del acto a través del mecanismo idóneo a través del DOF.

CUESTIONAMIENTO

1.- El consumidor es por naturaleza un ente vulnerable que necesita la protección del estado, frente a los industriales, comerciantes, e incluso frente al estado, como prestador de servicios. Máxime el uso de nuevas formas de comercio electrónico, y de la complejidad de los contratos, malas prácticas o usos comerciales, como publicidad engañosa. Qué se vislumbra?

Que carecerán de una oficina de atención inmediata, en vía conciliatoria, que no le dejará al consumidor más que la vía judicial, (procesos caros, tardados, complejos y en donde necesariamente ocuparán un abogado)

Además los que no tengan los medios económicos necesarios para trasladarse a Veracruz se complicará su situación ya precaria y sin futuro de su familia, generando más pobreza. Pronunciándose la brecha entre ricos y pobres.

2.- Que hará el gobierno federal con los desempleados que se sumarán a la lista de los que han perdido su trabajo? No será un acto de corrupción e impunidad la tan cacareada política de austeridad.

Tal parece que le están dando la razón a las recientes declaraciones del ex Secretario de Hacienda Carlos Urzúa al presentar su renuncia, quien dijo recientemente que no se estaban considerando los efectos de las políticas públicas adoptadas en el ámbito económico.

NUESTRA PROPUESTA

I.- Invitar públicamente a los afectados por alguna situación de defensa ante la violación de sus derechos del consumidor, para que a través de nuestra organización nos organicemos con eficacia como lo hemos hecho, para muestra dos casos:

CASO 1, SEARS POR COBRANZA ABUSIVA

CASO 2, SICREA, POR DOBLE COBRO.

Dentro del proceso conciliatorio, se evitó acudir a instancias judiciales.

II.-  Es necesario exigirle explicaciones certeras y justas al Estado de sus políticas de austeridad, que mas bien se están volviendo nuevos espacios de corrupción e impunidad.